Natalia Fabra: “Los consumidores pagamos al año unos 1.500 millones de más por la electricidad”

Natalia Fabra (Madrid, 1975) es doctora en Economía por la European University Institute de Florencia, catedrática de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad Carlos III y forma parte del Consejo Asesora de la vicepresidenta Calviño. Sostiene con total convencimiento que “es posible rebajar el precio de la factura de luz”. “Y espero que el Gobierno lo haga” añade, al tiempo que rechaza la ruta nuclear para España: “No tiene sentido ni desde el punto de vista económico ni desde el medioambiental”.

En las últimas semanas no se han producido grandes picos de demanda ni tampoco una baja oferta, pero aun así el precio de la luz se ha disparado. ¿Por qué? ¿Se debe al alto precio del CO2?

Desde diciembre del año pasado, los precios del CO2 en los mercados europeos han aumentado de manera muy considerable. Básicamente, se han duplicado en menos de seis meses y en los últimos cinco años se han multiplicado por diez. La razón es que los objetivos de reducción de emisiones implantados a nivel europeo se tienen que traducir, necesariamente, en una reducción del volumen de derechos de emisión. Y cuando la demanda es la misma pero se reduce la oferta, el precio aumenta. ¿Por qué afecta eso a los precios? Porque en el mercado eléctrico español se paga toda la electricidad al coste de la tecnología más cara, que en estos momentos es el gas. Para hacernos una idea: a los precios del CO2, que están entre los 50 y 56 euros la tonelada, los ciclos combinados tienen que incurrir en un coste de 20 euros por cada megavatio/hora. El problema es que ese coste adicional aumenta el precio del 100% de la electricidad, incluida la que proviene de centrales nucleares, centrales hidroeléctricas y eólicas que, sin embargo, no incurren en ese coste porque no tienen que comprar derechos. Pagamos por la electricidad como si el 100% emitiera CO2, cuando eso no es así.

Es lo que se denomina el precio marginal, ¿verdad? Que el último megavatio hora que entre es el que marca el precio.

Efectivamente. El precio marginal del mercado aumenta y ese mayor precio lo reciben también las energías inframarginales.

¿Y cuál es la solución? ¿Cambiar el sistema de precio marginal?

Hay distintas maneras. Una nos la ofrece un Real Decreto que se introdujo en 2007 y que estuvo en vigor durante tres años. Sin ser un impuesto, funcionaba casi como tal: recuperaba esos sobreingresos que perciben las centrales no emisoras. El TJUE lo avaló en 2013. Está por tanto plenamente en línea con el derecho comunitario y España lo podría volver a implementar. Pero hay otras muchas formas. Por ejemplo, en Francia las centrales nucleares reciben por la electricidad un precio fijo. ¿Por qué? Porque sus costes de producir electricidad con uranio no varían cuando aumenta el precio del gas o del CO2. Hay distintos mecanismos posibles, pero lo importante es que la retribución de las tecnologías refleje su coste más una rentabilidad normal, ni más ni menos. Porque si no corregimos esta situación, familias y empresas nos vamos a levantar contra el impuesto del CO2 cuando en realidad es necesario.

¿Es posible por lo tanto recudir el precio de la factura de la luz? ¿Es factible, se puede hacer?

Sí, y yo espero que el Gobierno lo haga. Es consciente y ha dicho ya que lo está estudiando. Es una cuestión conocida y compartida.

¿Y por qué no se ha hecho hasta ahora ni se hace ya?

Lo desconozco, pero siempre hay una gota que colma el vaso. Cuando el CO2 cotizaba a 5 euros no se desataban las alarmas. Pero ahora ya es patente que genera unos desequilibrios que no son asumibles. El Gobierno ha puesto en marcha medidas que van a reducir la factura eléctrica en el medio y largo plazo. Por ejemplo, la celebración de subastas para las energías renovables ha arrojado precios muy inferiores a los actuales. A partir de 2023, la entrada en funcionamiento de las nuevas centrales renovables tendrá un efecto depresor muy importante sobre la factura. Pero el efecto del CO2 lo estamos sufriendo ya y esas medidas deben ser acompañadas con otras que tengan efecto en el corto plazo. ¿Cuáles? Aminorar los sobreingresos de las centrales no emisoras. Podríamos estar hablando de una reducción en el coste del suministro eléctrico para los consumidores de unos 1.500 millones anuales.

Es una cantidad muy elevada.

Sí. Es la cuantía que los consumidores ahora estamos pagando de más por la electricidad, que además es la energía en la que debe apoyarse la descarbonización. Los ciclos combinados de gas repercuten esos 20 euros a los precios del mercado eléctrico, y tal cual los ingresan los dedican a comprar derechos de emisión. Pero las nucleares, hidroeléctricas y algunas eólicas reciben esos 20 euros y se los quedan en sus cuentas de resultados. Ingreso puro y duro.

¿Qué efecto tendrá la nueva factura eléctrica?

El nuevo sistema de peajes pretende potenciar una gestión más activa y eficiente de la demanda eléctrica. Que tengamos incentivos para llevar nuestro consumo a las horas de menor demanda y mayor abundancia de renovables. Es fundamental para aprovechar todo el potencial de las renovables y contrarrestar su intermitencia. Pero me preocupa que son muy estáticos, y pueden quedar obsoletos. Por ejemplo, en las horas centrales del día, los peajes serán elevados, pero en poco tiempo en esas horas sobrará producción fotovoltaica, y lo que habría que hacer es potenciar el consumo en esas horas, no disuadir el mismo. Y cuidado con los posibles efectos distributivos entre las familias que pueden mover su consumo para beneficiarse de los menores precios porque tengan un vehículo eléctrico o una piscina, y los que no dispongan de esa flexibilidad.

Señalaba a Francia y la energía nuclear. ¿Por qué ese modelo no es adecuado para España? ¿O por qué sí?

La energía nuclear tiene ventajas e inconvenientes, pero quienes hayan visto la serie Chernobyl probablemente saben hacia qué lado se desequilibra la balanza. No emite CO2 pero tiene otros riesgos y efectos contaminantes. ¿Qué vamos a hacer con los residuos en España? Todavía no lo sabemos. Y cuando computamos los costes de una tecnología, también hay que sumar el coste de los residuos y los riesgos que van a heredar las generaciones futuras. Es una decisión política si un país quiere o no seguir la senda nuclear y es una cuestión sobre la que la Comisión Europea todavía no se ha pronunciado. Pero lo que es cierto es que el progreso tecnológico que estamos viendo en el ámbito de las renovables hace cada vez más inviable un futuro nuclear. Hace algunos años, cuando estas energías todavía presentaban costes elevados, nos podíamos plantear si nuclear sí o nuclear no. Pero en estos momentos, la ruta nuclear no tiene sentido ni desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista medioambiental.

¿Qué es lo más interesante de lo que ha propuesto el Gobierno en materia energética y de transición en el Plan de Recuperación?

Para empezar, me parece interesantísimo que la Comisión Europea haya imprimido esta condicionalidad verde y digital al Plan de Recuperación. No sólo inyecta recursos en nuestras economías para que se produzca un cambio en el modelo productivo, sino que además nos está diciendo en qué quiere que lo invirtamos. Estamos ante un cambio de paradigma: la política económica no debe limitarse a estabilizar la demanda, sino que debe además impulsar la demanda, coordinar la oferta y orientar la estructura productiva. Tiene que haber una condicionalidad verde porque nuestras economías tienen que transitar hacia economías bajas en carbono. Este requisito, este objetivo, está absolutamente en línea con la política del Gobierno actual, que incluso ha excedido el peso mínimo exigido por Bruselas en cuanto a qué parte de los recursos actuales tienen que ir destinados a la transición energética.

En el documento ‘España 2050’ se incide en la necesidad de elevar los impuestos medioambientales y también en medidas como eliminar los vuelos nacionales de corto radio. ¿Está de acuerdo?

Por supuesto que sí, tenemos que guiar a la economía, y los impuestos son una vía muy potente para conseguirlo. Nos guían en nuestra decisión sobre qué tipo de calefacción instalar, qué coche comprar o si viajar a Barcelona en tren o en avión. El transporte aéreo tiene altas emisiones y genera un coste social que debe ser incorporado en los precios.

¿Pero realmente es efectivo eliminar esos vuelos? ¿O es algo más efectista?

Yo creo que sí. Los paradigmas cambian muy rápido. Hace un año, el sector de la automoción no quería ni oír hablar de la transición hacia la movilidad eléctrica y ahora son los primeros que se quieren subir al carro. Dentro de muy poco esta polémica sobre los vuelos cortos no va a ser compartida por todos. Y lo mismo va a pasar con otros modos de transporte. Dentro de poco nos escandalizará pensar que en 2021 vivíamos en ciudades tan contaminadas.