El suministro energético en Europa no está en juego

El 27 de noviembre de 2023, Natalia Fabra respondió a unas preguntas para #twecos. En este enlace puedes leer la entrevista.

¿La transición energética en España es también una apuesta por el crecimiento económico del país?

La transición energética es un imperativo medioambiental. El futuro de nuestras sociedades no es compatible con el ritmo actual de emisiones contaminantes a la atmósfera, y es también un imperativo económico, porque sin ecología no hay economía… No olvidemos el daño que generan los riesgos climáticos, como inundaciones, incendios, elevación de nivel del mar, olas de calor…, sobre nuestras economías, y los costes de la adaptación al cambio climático. Tampoco olvidemos que, mientras que invertimos en mitigación para cambiar nuestro sistema energético, como inversiones en renovables, redes energéticas, almacenamiento, infraestructuras para la producción y la recarga de los vehículos eléctricos, para la producción del hidrógeno verde, etcétera, estamos también impulsando la economía a través de la generación empleo y de tejido industrial y empresarial. No estamos por tanto ante una disyuntiva entre economía y medio ambiente, sino ante una relación de complementariedad.

¿Cómo podría afectar al suministro energético la prolongación de la guerra en Ucrania?

El suministro energético en Europa no está en juego. Lo hemos visto durante las peores fases de la crisis. Europa ha sido capaz de sustituir la mayor parte de las importaciones de gas ruso con importaciones de gas natural licuado procedente de diversos países. A ello también ha contribuido la reducción del consumo energético y el aumento de la producción de energías renovables, que han permitido desplazar parte de la generación eléctrica con gas. No obstante, esto no quiere decir que los mercados energéticos en Europa sean inmunes a la guerra en Ucrania y a una no deseable prolongación del conflicto. Aún cuando el suministro energético no esté en peligro, las tensiones se traducen en aumentos de precios del gas, que se acaban traspasando a los mercados eléctricos porque, bajo su diseño todavía vigente, en un buen número de horas se paga toda la electricidad a precio de gas. Antes del conflicto, el gas rondaba los 18-20 €/MWh y la electricidad los 40-45€/MWh. Todavía hoy los precios del gas y la electricidad duplican esos valores. En 2022, el gas llegó a superar los 200€/MWh y el precio de la electricidad también se hubiera multiplicado por diez si el gobierno no hubiera puesto en marcha la solución ibérica. Si no queremos que se vuelvan a repetir estos periodos de elevados precios energéticos, que alimentan la inflación y la pobreza energética, y merman la competitividad de las empresas, tenemos que apostar con mayor ambición por las energías renovables, cuyos costes no están sometidos a las fluctuaciones de los precios de los combustibles fósiles, y por nuevos mecanismos regulatorios y de mercado que permitan a los consumidores beneficiarse de los menores costes de las renovables. Hasta que esto no ocurra, nuestras economías seguirán siendo vulnerables, a través de sus efectos sobre los mercados energéticos, a shocks de diversa índole. Ahora son conflictos bélicos, pero en el futuro pueden ser otros cisnes negros.

¿Qué elementos son imprescindibles en la defensa de la competencia?

Es imprescindible contar con una autoridad de competencia independiente, cuyos consejeros sean expertos en economía y derecho de la competencia, y que no tengan que dedicar su tiempo y recursos limitados a tomar decisiones que pertenecen a otros ámbitos, como energía, telecomunicaciones, transporte… La especialización aporta criterio, y el criterio, independencia. También es imprescindible que la autoridad de competencia disponga de recursos suficientes para contratar a personal cualificado, capaz de estudiar las decisiones con el rigor que aporta la economía y el análisis estadístico, con el fin de analizar de oficio sectores susceptibles de presentar problemas de competencia y poner en marcha campañas de promoción de la competencia, con capacidad para sancionar debidamente las infracciones sin que sus sanciones se pongan repetidamente en cuestión. Para ello, también es necesario disponer de tribunales especializados.

¿Qué importancia tiene la investigación en el mundo económico?

Parece un lugar común decir que la investigación debe jugar un papel fundamental, aunque a veces se olvide a la hora de priorizar los recursos que se dedican a ella. En el campo de la economía, la investigación nos permite comprender y cuantificar. Comprender por qué se producen ciertos fenómenos de diversa índole, como el encarecimiento de los precios, la persistencia de la pobreza, el deterioro del medio ambiente… Comprender qué políticas públicas deben ponerse en marcha para paliar los efectos negativos y potenciar los positivos, como diseñar la política de defensa de la competencia para evitar aumentos injustificados en los márgenes empresariales, diseñar un sistema fiscal más equitativo que reduzca las desigualdades, fomentar las inversiones en energías renovables y movilidad sostenible… Y guiar ese proceso de aprendizaje e identificación de los mecanismos que operan en cada caso con la cuantificación, para que la evidencia empírica ayude, lo cual no quiere decir que monopolice, a la toma de decisiones. Para que la investigación sea útil, es imprescindible que se haga desde la independencia. Y para ello, la financiación pública es indispensable. Esto también conviene no olvidarlo.

¿En qué áreas de investigación se ha especializado usted y con qué retos se ha enfrentado a la hora de desarrollar su trabajo?

Mi investigación pertenece al campo de la Economía Industrial, un campo muy amplio que estudia el funcionamiento de los mercados y el diseño de las políticas regulatorias, teniendo en cuenta que los agentes económicos –las empresas, los hogares- en muchas ocasiones se comportan de forma estratégica, esto es, teniendo en cuenta el efecto de las decisiones propias sobre las de los demás. A este campo pertenecen mis dos áreas de especialización, la Economía de la Regulación y la Competencia, y la Economía de la Energía y el Medio Ambiente, que a menudo combino para comprender, por ejemplo, cómo diseñar la regulación de los mercados eléctricos para potenciar la competencia, entre otros objetivos. Haber trabajado en este campo durante los últimos 25 años ha sido apasionante, porque me ha permitido presenciar y analizar los profundos cambios que han vivido los mercados energéticos y su regulación en este tiempo. La transición energética introduce nuevos retos para la regulación de estos sectores y para el diseño de las políticas públicas que permitan acelerar el cambio en la matriz energética de forma justa. Me siento afortunada por haber podido contribuir con mi investigación al debate y a la toma de decisiones en este ámbito tan relevante.