El pasado 12 de Junio de 2020, Natalia Fabra compareció ante el grupo de Trabajo de la Unión Europea en el seno de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica (Congreso de los Diputados).
En su comparecencia, argumentó por qué el Fondo de Recuperación propuesto por la Comisión Europea supone una oportunidad para España. Su ponencia trató principalmente dos temas, la transición ecológica y las ayudas de estado.
El texto de su comparecencia se transcribe a continuación.
Grupo de trabajo de Unión Europea constituido en el seno de la Comisión para la
Reconstrucción Social y Económica (Congreso de los Diputados)
12 de Junio 2020
El coronavirus ha sumido a nuestras economías en una crisis sin precedentes desde el crack del 29. Si bien se trata de una crisis global, provocada por un virus que no entiende de fronteras, la salida de la crisis sí dependerá de las políticas que a partir de ahora adopte cada país. Europa, y dentro de Europa España, no puede desaprovechar esta oportunidad. Debemos apostar por políticas que nos permitan cambiar el modelo productivo y energético, creando empleo, fortaleciendo y modernizando nuestro tejido industrial y empresarial, propiciando una reducción de las desigualdades y revirtiendo el deterioro medioambiental hasta ahora provocado por la actividad económica. Esto exige pasar de los enunciados a la acción, al pragmatismo, a la búsqueda de soluciones concretas que permitan demostrar el papel transformador de la política. Hay mucho en juego.
El Fondo de Recuperación
La propuesta de la Comisión Europea para el Fondo de Recuperación demuestra que esta vez las autoridades europeas han comprendido los desafíos: es necesario actuar de forma decidida, inyectando recursos, marcando prioridades de política económica, e introduciendo mecanismos de reequilibrio entre los Estados Miembros.
Tres principios vertebran la propuesta de la Comisión: la apuesta por una recuperación en clave verde; la necesidad de evitar el debilitamiento del Mercado Interior; y el convencimiento de que no se puede salir de esta crisis dejando atrás a los colectivos más afectados, tanto por la crisis, como por los cambios estructurales que necesita Europa. Más que nunca, debemos apoyar y apoyarnos en esta Europa que, con esta propuesta, retoma las señas de identidad del proyecto europeo que tanta prosperidad repartió hasta la crisis anterior, cuando las políticas de austeridad desdibujaron su razón de ser, poniendo en riesgo su propia continuidad.
En esta intervención, me gustaría hacer referencia a estos ejes vertebradores de la propuesta europea. Para ello, estructuraré mi intervención en dos grandes bloques – Por una recuperación en clave verde y Por una recuperación que no debilite el Mercado Interior. En cada caso, haré alusión a las fortalezas y debilidades de nuestro país en ambos ámbitos.
- Por una recuperación en clave verde
La economía europea necesita un fuerte estímulo. Con las tasas de interés del Banco Central Europeo cercanas a cero, y el margen de la política monetaria ya casi agotado, la política fiscal pasa a ser la vía más eficaz para reactivar la producción y la creación de empleo. Pero, ¿hacia qué actividades resulta más adecuado canalizar los estímulos y la inversión, tanto la pública como la privada? La respuesta de la Comisión Europea ha sido clara: apostar por el Pacto Verde también es apostar por el progreso económico.
El Pacto Verde como motor económico
Qué duda cabe que las políticas en materia de energía y clima responden a un imperativo medioambiental y de salud pública. Pero también son, además, un potente motor económico. La sustitución de los combustibles fósiles por fuentes primarias de energía con origen renovable (agua, sol, viento), tendrá externalidades positivas para el conjunto de la economía al permitir la generación de empleo cualificado y al contribuir a la creación de tejido industrial y empresarial. Las lista de actividades bajas en carbono generadoras de riqueza es amplia: el despliegue de inversiones en energías renovables y almacenamiento energético; la construcción y rehabilitación de viviendas que mejore su eficiencia energética; el tratamiento y la gestión de los residuos; la gestión forestal para el aprovechamiento de la biomasa y la prevención de incendios; la fabricación y despliegue de las infraestructuras para el uso de los vehículos eléctricos…. Además, algunas de estas actividades podrán generar empleo en aquellas comarcas donde se concentra la extracción y explotación de combustibles fósiles así como en las zonas rurales.
El despliegue masivo de las energías renovables en el sector eléctrico será un factor de competitividad. Gracias a la investigación y a la acumulación del conocimiento, las renovables han experimentado fuertes reducciones de sus costes hasta situarse por debajo del coste de sus alternativas térmicas (ciclos combinados de gas natural y centrales de carbón). Sólo en la pasada década, los costes de la eólica terrestre descendieron un 40 por 100 y los de la solar fotovoltaica un 82 por 100. La Agencia Internacional de la Energía Renovable (IRENA) prevé que esta tendencia a la bajada de costes continúe en los próximos años. Las últimas subastas celebradas en Portugal ya han arrojado precios estables para la fotovoltaica de 22€/MWh, muy por debajo de la media de los precios del mercado eléctrico.
El Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCyTE) contempla una nueva regulación para la inversión en energías renovables. Vía subastas, se determinará un precio estable para los MWhs renovables, lo que contribuirá a que los menores costes de la inversión en renovables se traduzcan también en un menor precio de la electricidad para los consumidores finales. Con ello mejorará la competitividad de las empresas, aumentará la renta disponible de las familias y se fomentará la electrificación, que tan importante resulta para la descarbonización del resto de sectores contaminantes.
Inversiones con fuertes efectos multiplicadores
¿De qué magnitud son estos efectos multiplicadores sobre la actividad económica? Un estudio reciente permite aportar algunas órdenes de magnitud. Para un conjunto de actividades bajas en carbono, el multiplicador medio es de 2,33 (es decir, cada euro invertido en estas actividades se traduce en un aumento del PIB de 2,33 euros). Los multiplicadores de las distintas actividades varían desde un valor mínimo de 1,9 (asociado a la inversión en infraestructuras de recarga eléctrica o a la instalación de sistemas inteligentes para la gestión del consumo energético en edificios) hasta un valor máximo de 3,4 (asociado a la inversión en energías renovables para la generación eléctrica o en sistemas de almacenamiento energético). Así, la deuda que financie estas inversiones mejorará los ratios de solvencia del país, porque éstos se expresan como endeudamiento en relación con el PIB.
Estas cifras están en línea con las contempladas en el informe del impacto socio-económico que acompaña al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), recientemente remitido por el Gobierno Español a la Comisión Europea. Se espera que las medidas descritas en el PNIEC movilicen recursos por valor de 241.000 millones de euros (el 20% vía gasto público y el 80% restante vía iniciativa privada), generando un aumento del PIB de entre 16.500 y 25.700 millones de euros al año, y una creación de puestos de trabajo de entre 253.000 y 348.000 al año durante la presente década.
La crisis como impulso para el Pacto Verde
Los planes ligados a la energía y al clima no son ni nuevos ni producto de la crisis. Europa lleva apostando por la agenda climática, con una ambición creciente, desde hace más de dos décadas, y el gobierno español redactó el PNIEC antes de que hubiera ningún indicio de crisis. Pero la agenda climática interactúa con la crisis económica de forma estrecha. Primero, por su capacidad para reactivar la economía, propiedad tanto más valiosa en épocas de crisis como la actual, al movilizar recursos que en caso contrario hubieran permanecido ociosos. Y segundo, porque los recursos procedentes del Fondo de Recuperación permitirán acelerar las inversiones ya contempladas, permitiendo que sus beneficios se adelanten en el tiempo.
Una oportunidad para España
España tiene fuertes ventajas competitivas para aprovechar este estímulo. Me gustaría destacar aquí dos sectores clave, el sector eléctrico por su potencial para el despliegue de las energías renovables, y el sector del turismo por su potencial para una modernización en clave verde.
– El despliegue de las energías renovables en el sector eléctrico:
Varios motivos hacen de nuestro país un destino idóneo para la inversión en energías renovables: la disponibilidad de abundantes recursos naturales, la disponibilidad de espacio donde ubicar las nuevas inversiones, y la existencia de una red eléctrica mallada de Alta Tensión que contribuye a una mejor integración de las energías renovables en el mix eléctrico. Además, nuestro país todavía dispone – a pesar del daño que supuso el parón renovable de la pasada década – de industria propia en el sector, con potencial para seguir creciendo al amparo del crecimiento de las energías renovables en España y en todo el mundo. Tanto en el sector de la energía solar fotovoltaica como en el de la energía eólica, España dispone de empresas con tecnología propia en los elementos que aportan mayor valor añadido en la cadena de valor. En el caso de la fotovoltaica, estos elementos suman más del 65% del coste total de una planta; en el caso de la eólica, el 100%.
– La modernización del turismo:
Sin duda, el turismo – uno de los motores económicos del país, del que son altamente dependientes varias Comunidades Autónomas y ciudades – es uno de los sectores más afectados por la pandemia, y posiblemente uno de los que más va a tardar en recuperarse. La crisis exigirá cambios profundos, entre otros motivos, porque la tranquilidad sanitaria que demandará el turista está reñida con el turismo de masas. Aprovechemos esto como una oportunidad para potenciar otro turismo en España, uno que aporte mayor valor añadido por visitante y que sea más respetuoso con el entorno.
Las islas Baleares y las islas Canarias son territorios idóneos para poner en marcha un modelo 100% renovable, en el suministro eléctrico y en la movilidad. Desde un punto de vista energético, son territorios con abundantes recursos naturales que podrían ser aprovechados a través de nuevas inversiones en plantas solares y eólicas, que además proporcionarían una importante fuente de nuevos empleos. Las relativamente cortas distancias en las islas se adaptan particularmente bien a la necesidad de recarga de los vehículos eléctricos, y la alta rotación de las flotas de vehículos de alquiler permitiría acometer un cambio rápido en la composición del parque móvil.
Junto a sus parajes naturales y su biodiversidad, la apuesta por un modelo 100% renovable permitiría enriquecer el modelo de sol y playa, acentuando una imagen de respeto a la naturaleza. Se podrían convertir así en polos de atracción para otro turismo de mayor calidad y menor estacionalidad, que ponga en valor los activos culturales y paisajísticos de ambos archipiélagos. Además, en estos momentos, tendrían a su disposición distintas fuentes de financiación europea para llevar a cabo tal propósito.
De la visión a la acción
Pero para aprovechar todo este potencial – y aquí sólo me he centrado en dos ámbitos, pero son muchos otros lo que se verían beneficiados -, es imprescindible llevar a cabo reformas e inversiones adicionales. La atracción de recursos a través del Fondo para la Recuperación y la Resiliencia, exige que los Estados Miembros diseñen sus propios planes nacionales de recuperación, que deben de estar basados en las prioridades de inversión y reforma en línea con los Planes Nacionales de Clima y Energía así como con los Planes de Transición Justa. Por tanto, es el momento de pasar de los enunciados a la acción a través de medidas concretas. No sólo para hacer posible el cumplimiento de los objetivos planteados, sino también porque esa concreción es imprescindible para atraer los recursos europeos que harán posible las inversiones.
El Gobierno Español ha desarrollado ya una intensa labor legislativa en este ámbito. En tramitación parlamentaria se encuentran la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la Ley que regula el régimen del comercio de derechos de gases de efecto invernadero, y la Ley de Residuos y Suelos Contaminados. La aprobación de estas leyes será fundamental para empezar a abordar los cambios necesarios, pero igualmente importante será el desarrollo normativo que las acompañe.
Me gustaría concluir esta sección destacando algunos principios transversales que creo han de tenerse en cuenta en la definición de todas las medidas que se adopten en el ámbito de la política climática y energética:
- La investigación y el desarrollo son motores de competitividad y liderazgo. Como tales, deben de ser promovidos.
- Como en todo proceso de cambio, habrá ganadores y perdedores, por lo que se habrán de poner en marcha medidas compensatorias para evitar un reparto desigual de los costes y de los beneficios de la transición.
- La labor de los órganos reguladores es crucial en un momento en el que habrán de acometerse importantes cambios normativos. Deben de ser independientes de la labor del gobierno y de la influencia de las empresas reguladas, lo cual sólo se puede garantizar con medios y personal cualificado.
III. Por una recuperación que no debilite el Mercado Interior
Las medidas de confinamiento han provocado un parón total o casi total en muchos sectores – piénsese en el caso de las líneas aéreas, de la hostelería, de la restauración, o de la automoción, entre otros. La crisis actual ha puesto en juego la viabilidad de muchas empresas, no porque no sean eficientes, sino por la falta de liquidez. La depreciación de sus activos en un contexto incierto, unida a fallos en los mercados de crédito – también afectados por la crisis – hacen que el Estado haya de convertirse en prestamista de último recurso. Así, las ayudas de estado pasan a ser necesarias para garantizar la viabilidad de empresas y evitar efectos negativos a largo plazo.
La Comisión Europea así lo comprende, y por ello en Marzo decidió flexibilizar la normativa a través del Marco Temporal en materia de Ayudas de Estado (MTAE) destinado a respaldar la economía en el contexto de la crisis provocada por el coronavirus. Cabe destacar que, como mecanismo de último recurso, el Marco Temporal permite participaciones públicas a través de recapitalizaciones en empresas no financieras, a las que se imponen una serie de condiciones y limitaciones.
El peligro de que las ayudas de estado sean asimétricas
Si bien estas ayudas son necesarias, no todos los estados disponen de los mismos medios para recurrir a ellas. Los países del sur de Europa, incluida España, no sólo han sido los más perjudicados por la crisis, sino que además son los países con un menor margen fiscal para apoyar a los trabajadores, las empresas y los sectores afectados. Los datos hechos públicos por la Comisión Europea ilustran la magnitud de estas asimetrías. De las 160 decisiones de ayudas de estado notificadas, por un volumen estimado de 1,95 billones de euros, el 51% corresponden a Alemania y el 17% a Francia. España queda lejos del grupo de cabeza, con entre un 0,5% y un 1,4% del total de las ayudas concedidas.
Estas asimetrías, de no ser corregidas, podrían generar fuertes distorsiones en el comercio y la competencia en el Mercado Interior, con efectos que podrían perdurar en el tiempo. Las empresas que reciban ayudas gozarán de una ventaja competitiva artificial frente a otras. Por ello, las que no reciban ayudas, si además se enfrentan a problemas de liquidez, podrían verse obligadas a reducir sus inversiones, cancelar alguno de los servicios que prestan o reducir su calidad, poniendo en juego su cuota de mercado así como su propia continuidad.
La Comisión, que ha comprendido el peligro que ello supone para el Mercado Interior, ha puesto en marcha, como uno de los pilares del Fondo de Recuperación, el Instrumento de Apoyo a la Solvencia. Dotado con 31.000 millones de euros, permitirá canalizar ayudas a empresas y sectores productivos, nivelando el terreno de juego en favor de aquellos países más afectados y con menor margen fiscal para recurrir a las ayudas de estado. España debería aprovechar esta oportunidad.
La sostenibilidad como contrapartida necesaria a las ayudas de estado
La política de ayudas públicas debe de estar alineada con el resto de políticas. En concreto, debiera servir como palanca para aumentar la sostenibilidad del modelo productivo. Por ejemplo, en el caso de la automoción, la respuesta al cierre, o a la amenaza de cierre de las fábricas – muy costosas en términos de pérdida de empleos y de actividad – debe de tener una respuesta coherente con el resto de políticas. Por ello, se debería de apoyar una política industrial inteligente centrada fundamentalmente en potenciar la movilidad eléctrica. Carecería de todo sentido que se inyectara dinero público para promocionar la fabricación y venta de vehículos de gasolina o diesel al tiempo que se implanta un calendario para limitar su circulación o se establece la obligatoriedad de crear Zonas de Bajas Emisiones en las ciudades, como de forma acertada establece el Anteproyecto de LCCyTE.
En la movilidad eléctrica, las políticas de oferta y de demanda se complementan mutuamente. No basta con apoyar la fabricación de vehículos eléctricos. Para que se demanden, se necesita una mayor infraestructura para la recarga eléctrica en edificios privados y públicos y a lo largo de la red de carreteras. Se necesita también fomentar la movilidad eléctrica compartida en las ciudades, que supone una fracción importante de todas las ventas de vehículos eléctricos.
Que no se utilice la crisis como coartada para relajar la defensa de la competencia
Ésta no es la primera crisis en la que la reducción de los beneficios empresariales sirve a algunos como coartada para abogar por una relajación de las normas de competencia. El que se haya flexibilizado el marco para las ayudas de estado con el fin de atender a las necesidades de liquidez creadas por la crisis, nada tiene que ver con que esta flexibilización haya de ser permanente ni extenderse a otras áreas de las normativa de competencia; en concreto, a la aplicable a las fusiones y adquisiciones.
Ya antes de la crisis presenciamos, a raíz de la prohibición de la fusión entre Siemens y Alstom, el intento por parte de Francia y Alemania de relajar la política de defensa de la competencia en Europa con el fin de favorecer la creación de grandes campeones europeos. Ante la posibilidad de que estas presiones se intensifiquen, no hay que bajar la guardia. No es cierto que las concentraciones empresariales sean necesarias para aumentar la competitividad de las empresas europeas en los mercados internacionales. Lo que es necesario para aumentar su competitividad es que las empresas europeas se enfrenten a más, no menos competencia. Gracias a ello serán más, no menos innovadoras. Estudios recientes apuntan a un aumento del poder de mercado y de la concentración empresarial en todos los sectores de la economía, con el consiguiente detrimento en variables económicas tan relevantes como el excedente de los consumidores, el proceso de innovación, o en la creación de empleo. Mitigar esta tendencia requiere que se refuerce la política de defensa de la competencia, no que se debilite. Y esto también tiene mucho con ver con la salida de la crisis.
- Conclusión
En conclusión, la crisis debe de ser aprovechada como una verdadera palanca de cambio que se vertebre en torno al concepto de sostenibilidad, en su doble dimensión económica y medioambiental. La puesta en marcha del Pacto Verde, con su traslación a los Estados Miembros, tiene la capacidad para contribuir al cambio del modelo productivo en esta dirección, aportando tejido industrial y empresarial, innovación tecnológica y empleo de calidad en sectores clave para la economía.
España ha salido particularmente perjudicada de esta crisis, pero también parte de una situación de ventaja para aprovechar las oportunidades y los recursos que brinda la estrategia europea para la recuperación. Pero esto no ha hecho nada más que empezar. Hay que pasar de los enunciados y de los objetivos, a la concreción de los planes y a su puesta en marcha, que son los que definirán el terreno donde se librará la batalla.
Pero no quiero concluir esta intervención sin expresar mi preocupación sobre uno de los principales riesgos a los que nos enfrentamos como sociedad: el que la crisis agudice las desigualdades sociales. Aunque se encuentra al margen de mi área de especialización, querría enumerar, sin ánimo exhaustivo, una serie de ámbitos de actuación que en mi opinión deberían ser prioritarios para evitarlo.
Es urgente abordar una modificación de la legislación laboral, no sólo para adaptarla a los cambios productivos y la economía digital, sino también para asegurarnos que se restablece el equilibrio en las relaciones laborales entre trabajadores y empresarios, para evitar que los bajos salarios y la precariedad amenacen el crecimiento de la productividad. Junto con el mercado de trabajo, resulta imprescindible abordar una reforma de la educación, que asegure su adecuada financiación y que garantice una educación pública y de calidad, adaptada a las necesidades de la nueva economía para generar oportunidades a nuestros jóvenes, independientemente de su capacidad económica o la de sus familias.
Se trata de dos reformas urgentes, que junto con el cambio en el modelo productivo y energético, deben de ponerse en lo más alto de las prioridades para la reconstrucción de este país. De Ustedes depende que la reconstrucción económica lo sea también en el ámbito social y medioambiental. Me atrevo a concluir que no conseguiremos una sin las demás.
Les deseo mucho acierto porque tienen ante Ustedes una tarea fundamental, la más importante que puedan tener como servidores públicos.
Muchas gracias.
